A dos años de la desaparición de Julio López

MARCELO SAIN, COORDINADOR DEL PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA, A DOS AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ: ‘HAY UNA DEUDA PENDIENTE CON LOS TESTIGOS’
ESTÁ AL FRENTE DEL ORGANISMO CREADO PARA COORDINAR EL TRABAJO DE LAS CAUSAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EVALUAR RIESGOS. DICE QUE NO HAY UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑE LOS JUICIOS.

Por Adriana Meyer

“No hay una política institucional de seguridad que acompañe los juicios, sigue habiendo grupos operativos con capacidad de desestabilizar estos procesos.” Quien esto afirma es Marcelo Saín, interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y coordinador del Programa Verdad y Justicia, cargos que dice que dejará, aunque no especifica cuándo. El funcionario levanta la voz, gesticula, se mueve de atrás para adelante en el sillón de su despacho en Ezeiza, interrumpe la entrevista con Páginai12 para ocuparse de tres detenidos extraditables y, hacia el final, juega con su nuevo Iphone. Cuando asumió, en junio de 2007, aspiraba a desarticular a esos grupos que buscan paralizar las causas. Hizo un mapa de riesgo e intervino en algunos casos, pero dice que no obtuvo respaldo ni recursos para pasar a la acción. Dice que a Julio López lo mató una patota vinculada a Miguel Etchecolatz.

“Estos tipos no se dedican más a la política, obstruyen todo lo posible para no ir en cana. No son de-sestabilizadores. Ahora, cuando hay uno de ellos que cae preso toda la organización reacciona, hay un acuerdo de que van a hacer todo lo posible para que haya impunidad. Otro Scilingo no llega a charlar con Verbitsky, lo matamos en el camino, piensan.”

–¿Mataron al represor Héctor Febres?
–Creemos que Febres se suicidó. Los controles relajados crean condiciones para que haya sido un homicidio, pero creemos que no lo fue.

–¿Pudo haber sido un suicidio inducido porque podía haber hablado?
–Le bajaron el pulgar. Si no se suicidaba lo mataban. Estaba quebrado.

–¿Piensa renunciar al programa Verdad y Justicia?
–No investigo más causas de derechos humanos porque hay fuerzas de seguridad que cuentan con más recursos y han demostrado, como la Policía Federal, que cuando quieren pueden, como en el caso (del represor Julián) Corres (que se escapó). La causa López se sostiene por sus querellantes, por su sacrificio. Ellos vieron cómo avanzamos en determinadas investigaciones con resultados tangibles. Si no conseguimos más es porque la Justicia lo obstruyó.

–¿Usted rechazó investigar líneas que le asignó el juez?
–Este es el ejemplo, ¿cómo me va a mandar un fax?, que lo ve cualquiera, no lo está mandando a mi casa. Pareciera que lo hacen a propósito. (Muestra un pedido del juez Arnaldo Corazza para que “practique tareas de inteligencia con vigilancia encubierta en el lapso de 30 días” respecto de uno de los principales sospechosos del caso, y su respuesta, en la que le hace saber la “imposibilidad fáctica de cumplir” con esa medida porque el fax “ha vulnerado el hermetismo que se requiere en la presente causa”.)

–¿Qué cree que le pasó a Julio López?
–Lo mataron. Me parece que fue Etchecolatz porque necesitaba ir contra este querellante vulnerable, un tipo mayor, con problemas familiares, que vivía en un barrio de policías.

–¿Mejoró la situación de los testigos en las causas de derechos humanos?
–Es una deuda pendiente. Esto no tiene que ver con los programas de protección de testigos. Ya lo dije, la mejor protección es identificar a los grupos que vulneran y pretenden cercenar estos procesos, y su encarcelamiento. La respuesta del Estado a esto tiene que ser policial, con un grupo especial de inteligencia.

–¿No se supone que ése era el objetivo del programa?
–El objetivo del programa era diseñar esto, y lo hemos hecho. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Pero son temas que están fuera de agenda.

–¿El programa no tiene recursos para hacerlo?
–Carece de recursos. No contó con lo que se necesitaba para armar un grupo policial. Yo ordené la intervención de grupos de investigación de la PSA, con recursos de la PSA, y en el último tiempo con un poco de ayuda del ministro (Aníbal) Fernández, en causas de apropiación de menores, identificación de apropiadores, extracción de ADN, en el tema de los prófugos, y en la causa López. El Estado tiene que crear un programa de protección de testigos.

–¿Pero no hay ya varios, incluso que se superponen?
–Digo uno federal. Hay que ampliar el programa que existe con la prevención policial, pero creando una unidad especializada.

–En general los testigos no quieren ser custodiados por policías.
–Pero quizá sí por una unidad especial. El grupo policial de protección de testigos en Córdoba hizo muy buena labor. A nivel internacional la protección de testigos, de mandatarios, de personas en riesgo, es toda una especialidad.

–A dos años de López, ¿hay una fuerza confiable que cuide a testigos?
–No. Acá en el último caso resonante la Policía Federal puso un enorme esfuerzo porque se les escapó a ellos. No veo el mismo empeño en otros casos.

–¿Se refiere al represor Julián Corres?
–Sí. En esa investigación pusimos mucho empeño, y el grueso de la investigación lo hizo la PSA, que ni siquiera fue mencionada en la conferencia de prensa del ministro. Fue un olvido pasajero, no importa. El Estado está en deuda. El programa fracasó en sus objetivos. El programa hoy son 20 personas contratadas que cobran cada seis meses y están hacinadas en el piso 11 de un ministerio. Cuando Fernández tomó el ministerio impulsó el programa de protección de testigos, que pasó de tener cinco personas a un centenar de protegidos, pero la otra pata es la conformación de una unidad policial para identificar a grupos que pudieran estar operando. Esta no es una pelea de los años ’70, los que desestabilizan los procesos cometen delitos. Hay compañeros que creen que ésta es sólo una pelea ideológica y no institucional.

–¿Los juicios se iniciaron sin medir lo que se enfrentaba?
–Es cierto que el aparato represivo no fue desmantelado. A todo lo que ha hecho este gobierno al de-sarticular las leyes que impedían la apertura de los juicios ahora hay que acompañarlo de una política institucional de seguridad. A muchos compañeros no les gusta este término, pero yo soy jefe de policía y tengo que dar una respuesta institucional.

–¿Qué hubiera hecho para proteger a López?
–Inteligencia sobre el grupo de acusados, tienen vínculos políticos en el Partido Justicialista bonaerense. Algunos de los detenidos en Marcos Paz son personas que han tenido fuertes vínculos hasta con miembros del Poder Judicial bonaerense, son política y judicialmente influyentes, se han reciclado en el peronismo de la zona sur algunos de ellos. Si hubiera habido un esquema de seguridad que acompañara los juicios, que identificara situaciones de riesgo, habría habido una actividad preventiva. No eran un grupo de abuelitos con respirador. No son grupos políticos ilegales y antisistema, subversivos de derecha. Sí son grupos operativos y hay redes de complicidad y compromisos históricos entre ellos para no ir a la cárcel. Era claro, ese juicio colocaba en la cárcel a gente pesada, con influencias judiciales y policiales.

–¿Algún día se va a esclarecer el caso López?
–No lo sé. En los primeros dos meses iniciamos una investigación y no hubo ningún hecho que nos hiciera descreer de esa pista. Pero cuando llegamos a la solicitud de allanamientos tuvimos el rechazo sin explicación de las autoridades judiciales. Nunca entendimos por qué. En este caso los únicos serios son el grupo de querellantes.

–Está comprobado que las pistas fundamentales fueron arruinadas, aun antes de la intervención de la PSA.
–La SIDE trabajó bien al principio, pero la causa la manejaba un juez. Y la policía de la provincia de Buenos Aires tiene interés en que no se esclarezca, porque quizá las pistas más importantes lleven a ex camaradas de esa fuerza. Estamos hablando de Etchecolatz, no va a estar la policía de Ascochinga implicada. Y aunque los actuales policías y jefes que tuvieron protagonismo en esta causa no hayan sido compañeros de ellos, hay una enorme identificación corporativa con la basura del pasado. Es muy difícil que en este país haya jefes de policía comprometidos seriamente con el esclarecimiento de estos hechos. Esto les cabe a todas las fuerzas, hemos visto lo que hizo la Prefectura en el cuidado de Febres. Es una afinidad cultural en la que sería visto como una traición a la institución que se esclarezca un hecho que compromete a ex camaradas en estos hechos miserables. Por eso, sin decisión política esto no se revierte.

Por Adriana Meyer
Fuente: Diario PáginaI12
http://www.pagina12.com.ar/